Fauna silvestre en venta: Milei deroga prohibiciones históricas y abre grietas al comercio de especies

El Gobierno nacional habilitó la exportación de fauna silvestre criada en criaderos, al derogar este martes una resolución vigente desde 1986 que prohibía esa actividad. La medida,  la firmo el subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, y se oficializo mediante la Disposición 381/2025 y se publicó en el Boletín Oficial. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que no se trata de una liberación indiscriminada del comercio de especies, organizaciones ambientalistas advierten que la nueva normativa deja puertas abiertas en un contexto regional donde el tráfico ilegal de animales silvestres es una de las principales amenazas para la biodiversidad.

En concreto, la disposición deroga la Resolución 62/1986, que prohibía la exportación, comercialización y el tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de fauna autóctona, salvo las declaradas dañinas o provenientes de criaderos habilitados. Según el argumento del gobierno, aquella resolución tenía un “carácter general” que debió haber sido más específico, y que además se mantuvo vigente por 38 años sin una revisión que atendiera “pautas temporales razonables”.

A su vez, se anularon otras dos normas: la Resolución 513/2007, que prohibía la caza, captura, tránsito y exportación de especies silvestres listadas en anexos extensos; y la Resolución 389/2022, del exministro Juan Cabandié, que intentó flexibilizar el tránsito interjurisdiccional pero fue acusada por el actual gobierno de generar “exceso de burocracia” e “ineficiencia”.

Qué permite ahora la nueva disposición

La normativa mantiene formalmente la prohibición general sobre el comercio y la exportación de fauna silvestre, pero incorpora tres excepciones clave:

1. Exportación y tránsito interprovincial de ejemplares vivos, productos o subproductos provenientes de criaderos inscriptos.

2. Tránsito interprovincial de animales vivos por emergencias sanitarias, rehabilitación o decomisos.

3. Exportación y tránsito de ejemplares de especies específicas (detalladas en anexos) con fines científicos o de repoblación, previa autorización.

Aunque las excepciones tienen condicionamientos, distintas voces del ámbito ambiental advierten que el contexto regional —de tráfico activo y escaso control efectivo— podría convertir estas aperturas en puertas traseras para el comercio ilegal.

Riesgos ambientales y legales sobre la fauna

Argentina forma parte del Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que implica obligaciones internacionales de control y protección de especies vulnerables. Sin embargo, la falta de recursos y fiscalización efectiva en las provincias, sumado a las recientes políticas de desregulación, pone en duda la capacidad real del Estado para evitar abusos.

Organismos oficiales ya habían advertido años atrás que el tráfico de fauna silvestre es el cuarto comercio ilegal más rentable del mundo, detrás de las drogas, la falsificación y la trata de personas. Genera entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales, y en Argentina afecta a más de 150 especies, incluidas aves como el cardenal y el loro hablador; reptiles como tortugas y lagartos; y mamíferos como monos, ciervos y felinos.

Una medida alineada con la «desburocratización»

La desregulación ambiental responde a la lógica general del gobierno de Javier Milei, que ha promovido la reducción del Estado y la flexibilización normativa en múltiples áreas. En este caso, se argumenta que la maraña regulatoria en torno a la fauna dificultaba la intervención rápida ante emergencias o actividades científicas legítimas. No obstante, expertos remarcan que, sin una estructura sólida de control, las “excepciones” podrían terminar siendo la norma.