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Cuidacoches en Santa Fe: la ley que busca recuperar la calle con arresto y reconversión social
El municipio de Santa Fe está dando pasos firmes hacia la implementación de un novedoso Plan de Estacionamiento Social Asistido
LOCALES- El conflicto por los cuidacoches en Santa Fe ya no es solo una discusión urbana: es una disputa por el control del espacio público. Durante años, vecinos y comerciantes convivieron con una “zona gris” donde el pedido de dinero oscilaba entre la colaboración voluntaria y la intimidación. Ahora, un proyecto que ingresa a la Legislatura provincial promete modificar de raíz ese escenario.
La iniciativa apunta a reformar el Código de Convivencia para habilitar sanciones que van desde tareas comunitarias hasta arresto efectivo. Pero el dato político más relevante no es la pena en sí, sino el consenso transversal que logró reunir.
El proyecto fue impulsado por el senador Ciro Seisas junto a los diputados Ximena García, Walter Ghione y Germán Scavuzzo, quienes unificaron propuestas para avanzar con una reforma integral.
“Donde el Estado no ejerce autoridad, alguien más toma el control”, sintetizó Seisas al fundamentar la iniciativa.
La frase no es casual: el proyecto pone el foco en desarticular estructuras organizadas que, según denuncias reiteradas, “venden” cuadras y coordinan zonas.
El nuevo régimen para los cuidacoches en Santa Fe
La reforma propone incorporar artículos específicos al Código de Convivencia con un esquema progresivo.
1. Sanciones escalonadas
Quien realice cuidado de vehículos sin autorización podrá recibir entre 2 y 10 días de tareas comunitarias. Si hay reincidencia, el juez podrá aplicar arresto de 10 a 20 días.
2. Agravantes por intimidación
Si el pedido de dinero se realiza bajo amenaza o violencia —o en zonas de estacionamiento medido— las penas se duplican.
3. Organización o “cabecillas”
Si dos o más personas coordinan la actividad, las sanciones se agravan. Para quienes organicen o lideren, las penas se cuadruplican.
El proyecto surge tras episodios recientes de violencia que reactivaron el debate público. Uno de los casos más graves fue un ataque en el centro de la capital provincial que terminó con un cuidacoche imputado por tentativa de homicidio. Ese hecho marcó un punto de inflexión.
Más que prohibir: el desafío social detrás del conflicto
A diferencia de otras ordenanzas municipales que solo prohibían la actividad, esta reforma provincial busca dotar a la Policía y a la Justicia de un “paraguas legal” más sólido. Hasta ahora, la falta de una norma provincial dificultaba la intervención efectiva.
Sin embargo, el texto también reconoce que el fenómeno de los cuidacoches en Santa Fe tiene raíces estructurales: desempleo, informalidad y consumos problemáticos.
Por eso se crea un Programa de Abordaje Integral voluntario que incluye:
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Capacitación en oficios.
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Intermediación laboral con empresas y entes públicos.
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Atención en salud mental y tratamiento de adicciones.
El enfoque combina “mano firme” con reconversión social.
En ese punto, el proyecto recoge una demanda reiterada por intendentes como Juan Pablo Poletti y Pablo Javkin, quienes pidieron herramientas legales claras para que los agentes municipales no queden expuestos jurídicamente al intervenir.
¿Cambio real o nueva tensión en la calle?
El interrogante ahora es cómo impactará la ley en la práctica. Hay tres escenarios posibles:
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Disuasión efectiva: la amenaza de arresto reduce la actividad.
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Desplazamiento territorial: la actividad se traslada a zonas periféricas.
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Judicialización creciente: aumento de causas en juzgados contravencionales.
La clave estará en la aplicación coordinada entre fuerzas de seguridad, municipios y el nuevo programa social. Sin esa articulación, la ley podría quedar en letra muerta o generar mayor conflicto.
También habrá que observar cómo reaccionan organizaciones sociales y sectores que plantean que criminalizar la actividad no resuelve el problema de fondo.
Un mensaje político claro
Más allá de su impacto inmediato, la reforma envía una señal: la política busca recuperar el control del espacio público y reducir las “zonas grises”.
El consenso transversal le otorga viabilidad legislativa en ambas cámaras y acelera su tratamiento en este período.
Para la ciudadanía, el debate ya no es abstracto. Se juega en cada cuadra, en cada evento masivo, en cada estacionamiento.
La pregunta es directa: ¿esta vez el Estado logrará ordenar la calle sin profundizar la exclusión de los cuidacoches?
📌 Siguiente paso: el proyecto comenzará su tratamiento legislativo en comisión. Allí se definirán posibles modificaciones antes de su votación definitiva.