Política
Caso Trigatti: piden jury contra jueces y la defensa contraataca con un pedido de sanción
Fuerte choque institucional en el Caso Trigatti: acusan a jueces de manipular pruebas y la defensa denuncia intromisión política
El Caso Trigatti vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y política en Santa Fe tras un fuerte pedido de jury de enjuiciamiento contra los magistrados que dictaron la absolución en primera instancia. La situación escaló aún más luego de que la defensa del acusado solicitara sanciones contra el diputado que impulsó la denuncia.
Caso Trigatti: el pedido de jury contra los jueces
El diputado provincial Fabián Palo Oliver formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los jueces Martín Manuel Torres, Cecilia Beatriz Labanca y Pablo Osvaldo Busaniche.
La presentación se apoya en el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, que revirtió la absolución inicial y condenó a Juan Francisco Trigatti a 12 años de prisión.
Según el legislador, no se trató de una simple diferencia de criterios jurídicos. En el escrito sostiene que los magistrados “dotaron de aparente legalidad a una sentencia basada en hechos inventados”, lo que configura —según la denuncia— una maniobra grave dentro del proceso judicial.
El pedido ya fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe e incluye la solicitud de suspensión preventiva de los jueces mientras se desarrolla el proceso.
La acusación: manipulación de pruebas y “ficción jurídica”
Uno de los ejes centrales del planteo en el Caso Trigatti es la supuesta alteración deliberada de la realidad por parte del tribunal.
La denuncia sostiene que los jueces:
- Ignoraron informes médicos y psicológicos que acreditaban lesiones en las víctimas
- Introdujeron hechos no probados durante el juicio
- Construyeron una teoría sin respaldo científico
El documento califica el fallo como una “ficción jurídica”, argumentando que los magistrados no solo valoraron la prueba, sino que directamente “crearon hechos inexistentes”.
También se los acusa de instalar la idea de una “sugestión masiva” en las víctimas, pese a que los peritajes indicaban lo contrario.
Revictimización y gravedad institucional
Otro punto fuerte del pedido de jury en el Caso Trigatti es la denuncia de revictimización.
Según la presentación, los jueces incurrieron en una “crueldad inaceptable” al desconocer el principio del interés superior del niño, desestimando testimonios clave y omitiendo pruebas surgidas de Cámara Gesell.
Además, se señala que el accionar de los magistrados no solo afectó a las víctimas, sino que también dañó la confianza en el sistema judicial.
La defensa de Trigatti pidió sanciones contra Palo Oliver
En paralelo, la defensa de Juan Francisco Trigatti, encabezada por el abogado Marcos Barceló, respondió con dureza.
El letrado presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el que denuncia una “flagrante intromisión” del Poder Legislativo en el Judicial.
Además, solicitó:
- El rechazo inmediato del pedido de jury
- Una multa de 100 millones de pesos para Palo Oliver
- O, en su defecto, 30 días de arresto por “temeridad y malicia”
Barceló sostuvo que el planteo del diputado representa un hecho de “máxima gravedad institucional” y advirtió sobre presiones hacia la Justicia.
AUDIO de Marcelo Barceló Abogado defensor
Acusaciones cruzadas y tensión entre poderes
El defensor también cuestionó la exposición pública del caso, asegurando que se violó el deber de reserva al difundir detalles antes de que la denuncia fuera admitida.
Incluso, vinculó la movida con estrategias similares a otros casos mediáticos y apuntó contra sectores que, según él, buscan influir en el fallo de la Corte.
“Si no fallan como ciertos sectores quieren, los próximos en ser enjuiciados serán ellos”, afirmó.
Un conflicto que escala en el Caso Trigatti
El Caso Trigatti atraviesa así una nueva etapa de alta tensión institucional, con acusaciones cruzadas entre el ámbito político y judicial.
Mientras la Corte Suprema de Santa Fe analiza el pedido de jury y la presentación de la defensa, el caso suma un nuevo capítulo que excede lo penal y pone el foco en el funcionamiento del sistema judicial.
El desenlace podría marcar un precedente clave sobre los límites entre poderes y el control de las decisiones judiciales.