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ARCA vs AFA: la nueva denuncia por facturas truchas
Un nuevo frente judicial que sacude al corazón del fútbol argentino
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas vinculadas a trabajos en su complejo deportivo.
El fútbol argentino vuelve a quedar atrapado en una tormenta judicial. Esta vez, no se trata de pases, derechos televisivos ni internas dirigenciales. Se trata de millones de pesos facturados por obras que, según el organismo recaudador, habrían sido realizadas por empresas sin capacidad real para ejecutarlas.
El escenario es sensible: el histórico predio donde se entrena la Selección, en Ezeiza, queda ahora en el centro de una investigación que apunta directamente a la trazabilidad del dinero.
“Empresas sin empleados, sin bienes y sin actividad compatible facturaron millones por obras en el predio de la AFA”.
El dato clave que enciende la alarma es uno solo: las firmas proveedoras no tendrían estructura económica ni operativa para hacer lo que facturaron.
Y eso, para el fisco, no es una irregularidad administrativa. Es una hipótesis penal.
Qué investiga ARCA y por qué el predio de Ezeiza quedó bajo la lupa
El eje de la presentación judicial que ARCA se dispone a formalizar gira sobre comprobantes millonarios emitidos por empresas que, al ser analizadas, muestran un patrón repetido:
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no registran empleados,
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no tienen bienes,
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no exhiben actividad económica acorde,
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y en varios casos ni siquiera fueron encontradas en sus domicilios fiscales.
La denuncia se potencia por un dato que el organismo considera central:
la AFA se negó a entregar el listado del personal que ingresó al predio para realizar las obras.
Desde la entidad argumentaron que parte de esos registros corresponde a ingresos privados y confidenciales, lo que —según su versión— vuelve complejo detallar qué personas realizaron cada tarea.
Sin embargo, para ARCA ese listado es una pieza básica para reconstruir si efectivamente existieron los trabajos y quiénes los ejecutaron.
“La negativa a informar quién ingresó al predio es uno de los puntos más sensibles del expediente”.
Este conflicto no surge de la nada. En enero, el organismo ya había presentado información preliminar ante la Justicia, donde aportó el nombre de empresas que, según su análisis, podrían haber sido utilizadas como usinas de facturación.
Tres empresas, un mismo patrón: los casos testigo que cita la denuncia
1. Meroka SRL
Meroka SRL aparece como uno de los ejemplos más claros. Según la investigación fiscal, facturó alrededor de 7 millones de pesos por obras en el predio.
El problema no es solo el monto. Es su perfil:
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actividades declaradas: fast food, bebidas, reparación de edificios, venta de cereales,
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sin bienes registrados,
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sin localización efectiva en el domicilio informado,
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sin movimientos económicos acordes a los trabajos declarados.
Para los investigadores, no existe correlación entre su objeto social y los servicios facturados.
2. Maxstore SA
Otro caso relevante es Maxstore SA, que habría emitido comprobantes por 23 millones de pesos por obras y trabajos de pintura.
La empresa declara actividades vinculadas a:
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venta de electrodomésticos,
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telefonía,
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equipos de audio.
No fue localizada en su domicilio fiscal y, según la información oficial, no posee capacidad económica ni financiera compatible con los montos facturados.
3. Central Hotel SRL
Central Hotel SRL completa el trío de casos testigo. Facturó 9,6 millones de pesos por supuestas obras.
Su actividad declarada es:
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alojamiento hotelero,
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hosterías,
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servicios gastronómicos.
No registra empleados y tampoco presenta respaldo económico suficiente para ejecutar trabajos de infraestructura.
Stat destacado
Más de $39 millones en comprobantes bajo sospecha solo en estos tres proveedores.
Un expediente que se suma a una causa mucho más grande
Este nuevo frente no es aislado. La denuncia por facturas truchas se acumula sobre una causa ya abierta contra la AFA por presunta retención indebida de tributos y aportes de la seguridad social.
En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
Además, ambos tienen prohibido salir del país.
Las audiencias están previstas para los primeros días de marzo.
Según ARCA, la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.
El monto bajo investigación es impactante:
Más de $19.300 millones entre la ampliación de la denuncia y los montos originalmente informados.
La defensa de la AFA y la lectura penal del organismo recaudador
En un comunicado oficial difundido días atrás, la AFA negó de manera categórica mantener deudas fiscales exigibles. Sostuvo que:
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los pagos fueron realizados de forma voluntaria,
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se efectuaron antes del vencimiento,
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y que el organismo intenta forzar una imputación penal sobre obligaciones que —según su postura— no estaban vencidas.
También remarcó un punto político-institucional:
“Somos la única entidad sin fines de lucro denunciada penalmente en una situación impositiva similar”.
ARCA, en cambio, mantiene una interpretación estricta del régimen legal. Para el organismo, el delito no depende de si luego se pagó, sino del incumplimiento del deber jurídico que surge del rol de agente de retención.
La lógica fiscal es clara: el dinero retenido no es propio. Debe ser ingresado en tiempo y forma.
Un contexto de presión institucional sobre la AFA
Este nuevo conflicto se inscribe en un escenario de creciente presión institucional sobre la conducción del fútbol argentino.
Análisis: por qué esta denuncia puede cambiar el tablero
A diferencia de otros expedientes que se diluyen en discusiones técnicas, esta presentación tiene un rasgo especialmente delicado:
pone bajo sospecha la existencia real de las obras y de los proveedores.
Si la Justicia confirma que se utilizaron empresas sin capacidad operativa para justificar pagos, el foco dejará de estar solo en el incumplimiento fiscal y pasará a un terreno mucho más complejo:
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simulación de servicios,
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posible direccionamiento de fondos,
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y eventuales responsabilidades penales de los firmantes.
El próximo paso clave que puede definir el futuro de la causa
El siguiente movimiento será determinante: la presentación formal de la denuncia penal por facturación apócrifa y la incorporación de esta investigación al circuito judicial ya abierto.
A partir de ahí, el expediente ingresará en una etapa de peritajes contables, cruces bancarios y reconstrucción de obras que, en muchos casos, solo existen en los papeles.
Para la AFA, el desafío inmediato es uno solo: demostrar con documentación y registros reales quiénes trabajaron, cuándo y cómo en el predio de Ezeiza.
Para ARCA, el objetivo es probar que detrás de esas facturas hubo algo más que simples errores administrativos.
El fútbol argentino, una vez más, espera una definición fuera de la canch